Bajas laborales en España: no es un cáncer, es un síntoma

Cuando un problema social se convierte en un "cáncer" en boca de un político, conviene pararse a mirar bien el diagnóstico. Las bajas laborales llevan meses ocupando titulares en España: se dice que no paramos de pedirlas, que somos el país de la Unión Europea que peor lo hace, y que hay que vigilar de cerca a quien encadene dos o tres bajas en un año. Pero cuando uno rastrea los datos reales detrás del ruido, aparece una imagen bastante más compleja —y más incómoda— que la de un país lleno de trabajadores que se escaquean.

Los números que nadie discute

Empecemos por lo que sí es cierto, porque lo es: las bajas laborales han crecido muchísimo en España en la última década. Según el análisis del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y la mutua Umivale sobre estadísticas de Eurostat, en 2024 el 4,5% de los empleados españoles no acudió a su puesto de trabajo durante la semana de referencia por estar de baja médica, frente a una media europea del 2,5%. En 2018 esa cifra rondaba el 2,6%: un incremento relativo de en torno al 73% en solo seis años, que ha llevado a España a liderar esta clasificación en la Unión Europea.

País	% de empleados de baja (semana de referencia, 2024)
España	4,5%
Eslovenia	4,3%
Bélgica	4,1%
Francia	3,9%
Portugal	3,6%
Alemania	3,2%
República Checa	2,8%
Austria	2,7%
Media UE	2,5%

Con otra metodología —los datos de la OCDE sobre semanas de baja por trabajador y año— el patrón se repite: España pasó del noveno puesto en 2015 (2,4 semanas de media) al tercero en 2025 (5 semanas), solo por detrás de Noruega y Eslovenia. La prevalencia de incapacidad temporal por cada 1.000 trabajadores se ha más que duplicado desde el mínimo de 19,1 que marcó en 2012, hasta los 53,7 de 2025.

El coste tampoco es una exageración: la Seguridad Social destinó 18.413 millones de euros a la incapacidad temporal en 2025 —la segunda partida de gasto tras las pensiones—, a los que hay que sumar otros 17.000 millones que, según ha reconocido el propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, asumieron las empresas ese mismo año. Así que no, el aumento no es un invento ni una percepción distorsionada. La pregunta importante es otra: ¿por qué está pasando esto?

Quién ha dicho qué (y quién decide de verdad)

Aquí conviene separar dos cosas que se han mezclado en el debate público. Por un lado están las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, que ante un grupo de empresarios vascos en Bilbao afirmó: "Esto es un cáncer que no podemos pagar", cifró el coste en más de 30.000 millones de euros y anunció que, si gobierna, recortará las prestaciones a quienes estén de baja "con o sin acuerdo" de los sindicatos. Feijóo llegó a insinuar que un trabajador de baja cobra lo mismo que uno que va a trabajar, una afirmación que su propio vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, tuvo que salir a matizar al día siguiente, aclarando que su jefe se refería solo a los casos de fraude. La ley, de hecho, dice otra cosa: los tres primeros días de baja no se cobran, del cuarto al vigésimo día se cobra el 60% de la base reguladora, y a partir del día 21 el 75%. Solo una minoría de convenios colectivos completan ese porcentaje hasta el 100%.

Por otro lado —y esto importa— está la medida que realmente ha puesto en marcha el Gobierno, que no nace de Feijóo sino de una recomendación técnica de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF): activar un seguimiento reforzado sobre los trabajadores que acumulen dos o más bajas en un mismo año, con la Inspección de Trabajo pudiendo abrir investigación sobre esos casos, más peso para las mutuas colaboradoras y un nuevo Observatorio de la Incapacidad Temporal. El argumento oficial no es exactamente el del fraude, sino la sostenibilidad financiera del sistema: la propia AIReF señala que una cuarta parte de los trabajadores concentra más de la mitad de todos los procesos de baja que se registran en España. Es una diferencia real de matiz respecto al discurso de Feijóo, pero el efecto de fondo —poner la lupa sobre el trabajador reincidente— apunta en la misma dirección.

El fraude: lo que dicen los datos, y de quién son esos datos

No existe ningún dato oficial sobre qué porcentaje de las bajas son fraudulentas: es el médico quien las prescribe, no el trabajador quien las pide, y no hay ningún registro que permita cuantificarlo con rigor. Incluso Método 3, una agencia de detectives privados especializada precisamente en investigar bajas sospechosas por encargo de empresas —no un sindicato, sino un negocio que vive de encontrar fraude—, ha publicado un informe que reconoce que el fraude existe, pero que no es, ni de lejos, la explicación principal del gasto. La firma habla de un problema de "focalización": las medidas que recortan complementos o endurecen los controles acaban recayendo sobre el conjunto de la plantilla para intentar frenar a una fracción minoritaria cuyo peso real nadie ha logrado cuantificar con seriedad.

Sobre el patrón semanal de las bajas conviene ser transparente con las fuentes, porque aquí cada parte cita datos distintos. La CEOE, por boca de su presidente Antonio Garamendi, sostiene que las bajas "se concentran en lunes y viernes", y la propia Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) señala que el 46,6% de las bajas se tramitan entre lunes y martes. Frente a eso, un informe de CCOO —que recopila datos oficiales del INSS y la AIReF, no encuestas propias del sindicato— confirma que el lunes es efectivamente el día con más procesos iniciados (27,2%), pero cuestiona la lectura del fraude por dos motivos: primero, porque los viernes concentran solo el 13,4%, justo lo contrario de lo esperable si el objetivo fuera alargar el fin de semana; segundo, porque al repartir proporcionalmente entre sábado, domingo y lunes las bajas que se originan en fin de semana (cuando los médicos de atención primaria no pasan consulta), la media diaria de ese bloque —11,5%— queda por debajo de la de cualquier día laborable normal. Ninguna de las dos partes falsea sus cifras; lo que cambia es qué conclusión se extrae de ellas.

Y hay un dato adicional que complica la tesis del "sistema demasiado blando": comparado con la UE, no lo es. Los tres primeros días de baja no se cobran, y la empresa solo carga con el coste hasta aproximadamente el día doce, momento en el que la responsabilidad pasa a la Seguridad Social. En Bélgica, las empresas cubren el sueldo íntegro durante el primer mes completo; en Alemania y Austria, hasta seis semanas (doce en el caso austriaco); en los Países Bajos, hasta dos años al 70% del salario. España está lejos de ser el país que más facilidades da al trabajador de baja, y aun así encabeza las estadísticas europeas.

Dicho esto, sería injusto cerrar este punto sin reconocer que el fraude —aunque minoritario— no sale gratis ni siquiera cuando es residual. Varios análisis sobre gestión de equipos coinciden en que cada ausencia, justificada o no, obliga a redistribuir la carga de trabajo entre los compañeros presentes, lo que genera tensiones internas, desgaste y, en los casos más extremos, un efecto dominó: empleados que terminan pidiendo su propia baja por la sobrecarga de cubrir la de otros. Que el fraude no explique los miles de millones de sobrecoste no significa que sea un problema irrelevante para quienes conviven con él cada día en un equipo de trabajo. Pero de ahí a construir toda una política de vigilancia sobre una fracción no medida hay un salto que los datos, hoy por hoy, no respaldan.

Entonces, ¿qué está pasando de verdad?

Una sanidad que no llega a tiempo

Este es un punto en el que, sorprendentemente, coinciden sindicatos y empresarios: buena parte del aumento de las bajas se explica por la saturación de la atención primaria y las listas de espera. Según el último Barómetro Sanitario, la espera media para conseguir cita con el médico de cabecera es de 8,78 días, una cifra estancada desde hace años. Para una primera consulta con un especialista, la espera media es ya de 105 días —frente a los 65 días de 2014—, y el número de pacientes en esa lista se ha más que duplicado en una década, hasta los 83 por cada 1.000 habitantes. A cierre de 2024 había más de 846.000 personas esperando una intervención quirúrgica en la sanidad pública, con una demora media de 126 días, y casi una de cada cuatro llevaba ya más de medio año en lista de espera. Es difícil curarse rápido —y por tanto reincorporarse rápido al trabajo— cuando ver a un especialista puede tardar más de tres meses.

Sueldos congelados, vida más cara

El poder adquisitivo de los salarios lleva años perdiendo la carrera contra los precios. Entre diciembre de 2021 y diciembre de 2025, el IPC acumulado subió un 22,9%, mientras que los sueldos crecieron un 17,1% de media: casi seis puntos de diferencia. Para mantener el poder adquisitivo de hace cinco años, el salario bruto medio debería ser unos 1.630 euros más alto de lo que es hoy. En 2025, la subida salarial media apenas llegó al 1%, muy por debajo de la inflación de ese año. Los españoles ganan más euros que antes, pero esos euros compran menos que antes. Y ese desgaste económico sostenido —la sensación constante de ir por detrás de los precios— no es ajeno a la salud: es, precisamente, el tipo de estrés crónico que con el tiempo pasa factura al cuerpo y a la cabeza.

La precariedad que no sale en las estadísticas oficiales

La reforma laboral de 2021 redujo con fuerza el peso de los contratos temporales, y ese es un éxito real que conviene reconocer. Pero los propios datos oficiales muestran que ha aflorado una precariedad distinta, más difícil de medir: en lo que va de 2025, el 37,3% de los contratos temporales firmados duraron apenas siete días, once puntos más que antes de la reforma. Entre los jóvenes, el problema es todavía más agudo: el nivel de temporalidad involuntaria en España para los menores de 25 años es del 40,4%, frente al 14,3% de media en la eurozona. Trabajar de forma inestable, encadenando contratos cortos o jornadas parciales no deseadas, genera una inseguridad continua sobre el propio futuro. Y esa inseguridad, como cualquier médico de familia puede confirmar, también enferma.

Una generación que se está quemando

Este es, quizás, el ángulo que mejor explica por qué vigilar al trabajador reincidente puede ser mirar hacia el lado equivocado, y aquí conviene ser precisos con lo que los datos permiten afirmar y lo que no. Según la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) —la patronal de las mutuas, no un sindicato— y el Ministerio de Seguridad Social, si tienes menos de 35 años tu probabilidad de coger una baja es casi el doble que la de alguien mayor de 55: 43 procesos por cada 1.000 trabajadores menores de 35, frente a 25 entre los mayores de 55. Los casi dos millones de jóvenes que pidieron una incapacidad temporal en 2025 acumularon más de 84 millones de jornadas perdidas. Los trabajadores mayores, eso sí, siguen sumando más días de baja en total (127 millones), porque sus procesos duran mucho más de media (86 días frente a 21): las bajas jóvenes son más cortas, pero también mucho más frecuentes.

Por separado —y esto es lo segundo que sabemos con certeza— la salud mental se ha convertido en uno de los grandes motores del aumento. En 2025 se registraron en España 729.072 procesos de incapacidad temporal por trastornos mentales, más del doble que en 2018, y los menores de 35 años protagonizaron 253.948 de ellos —el 34,9% del total, frente a menos del 29% en 2016—. Sus bajas por salud mental han crecido un 147,7% desde 2018. Un informe de UGT añade que el 64% de estas bajas corresponden a mujeres, y que en 2024 solo 177 casos fueron reconocidos oficialmente como derivados del propio trabajo, frente a los cientos de miles registrados como enfermedad común.

Lo que no puede afirmarse con el mismo rigor es que ambos datos midan exactamente lo mismo: no existe un cruce público que confirme qué proporción concreta de esas bajas jóvenes, cortas y frecuentes, son específicamente por ansiedad o depresión, frente a otras causas comunes. Dicho esto, es la propia AMAT quien conecta ambas tendencias en su informe: expresa su inquietud por lo que hay detrás de este fenómeno, rechaza explícitamente la hipótesis del fraude y llama a los trastornos de salud mental "la nueva pandemia nacional" entre los jóvenes. Cuando es la patronal de las mutuas —la entidad que gestiona y paga estas bajas— quien pide mirar las causas en lugar de sospechar, parece razonable tomárselo en serio.

Hasta el propio informe del Gobierno apunta a otro lado

Puede que lo más revelador de todo este debate sea lo que dice el propio estudio de la AIReF —el mismo que ha impulsado el nuevo control— cuando entra en el detalle técnico. Su diagnóstico no es "hay demasiados trabajadores haciendo trampa": es que existe un fallo de diseño institucional. La Seguridad Social paga la baja, pero es un médico de atención primaria, dentro de uno de los 17 servicios de salud autonómicos, quien decide si se concede y cuánto dura. Esa separación entre quien paga y quien decide clínicamente, sumada a la falta de coordinación entre sanidad y sistema de prestaciones, es lo que la propia AIReF identifica como el verdadero problema estructural, no la actitud del trabajador de baja.

El diagnóstico que falta

Vigilar con lupa a quien se coge dos o tres bajas en un año puede sonar razonable sobre el papel. Pero si los datos muestran que buena parte de ese patrón corresponde a gente joven con problemas de salud mental en aumento, a personas esperando meses para ver a un especialista, o a trabajadores con contratos que se rompen y renuevan cada pocas semanas, entonces vigilar y sancionar trata el síntoma, no la causa. Se puede —y se debe— combatir el fraude allí donde exista, y reconocer también el desgaste real que genera en cualquier equipo de trabajo. Pero de ahí a tratar como sospechoso por defecto a todo el que enferma más de una vez al año hay una distancia que los datos, hoy por hoy, no justifican.

El verdadero ahorro, a medio plazo, no está en apretar al trabajador hasta que se reincorpore antes de tiempo, sino en reducir las listas de espera para que un problema de salud se resuelva en semanas y no en meses, en frenar la precariedad que convierte cada contrato en una fuente de ansiedad, y en que los sueldos vuelvan a crecer al ritmo de los precios. Todo lo demás es tratar sobre el papel un problema que ocurre, de verdad, en el cuerpo y en la cabeza de la gente. Y eso no se arregla con una inspección: se arregla curando la causa.

Fuentes principales: Eurostat / IVIE-Umivale (comparativa europea de bajas laborales); AIReF, estudio sobre Incapacidad Temporal (Spending Review 2022-2026); Ministerio de Sanidad, Barómetro Sanitario y Sistema de Información sobre Listas de Espera; INE, Encuesta Anual de Coste Laboral; Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) y Ministerio de Seguridad Social; UGT, "Salud Mental y Trabajo 2025"; CCOO (sobre datos de INSS y AIReF); Público, análisis de las declaraciones de Feijóo sobre bajas laborales.